Procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas

Nueva ley que agiliza la tramitación de marcas y patentes

El 2 de octubre de 2016 ha entrado en vigor la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que deroga la vigente Ley 30/1992 que hasta ahora regulaba esta materia.

Esta Ley resulta particularmente relevante para las relaciones entre los administrados y la Oficina Española de Patentes y Marcas, ya que se aplica con carácter supletorio a todo lo que se encuentre contemplado en materia de procedimiento administrativo por las leyes especiales (de Marcas, de Patentes y de Diseños, con sus respectivos reglamentos de ejecución).

A grandes rasgos, puede establecerse que esta Ley tiene como objeto la adaptación de la norma procesal a la implantación de una administración electrónica, que permita una reducción en los tiempos de tramitación y una agilización en los trámites. Esto implica entre otras cuestiones que, aunque para algunos supuestos se mantenga la doble vía, para los representantes profesionales sea obligatoria la presentación por medios telemáticos.

Esta Ley también pretende fomentar la audiencia y participación de los ciudadanos en la elaboración de normas, instándose las consultas preceptivas con carácter previo, así como instaurar las medidas oportunas para que sea más factible la predictibilidad de las normas.

La nueva Ley también introduce cambios en lo que se refiere a los plazos, que a partir de ahora podrán computarse también por horas y se considera inhábil el sábado con carácter general (si bien esto último ya se contemplaba en nuestra ley especial).

La regulación del silencio administrativo establece que en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado a entenderla por estimada. Habrá que observar en qué medida y en qué manera pudiera aplicar esta norma la OEPM en sus relaciones con los administrados.

En cuanto al régimen de recursos administrativos, se mantiene el mismo régimen que ha operado hasta la fecha: recursos de alzada y extraordinarios de revisión, sin perjuicio de poder solicitar la nulidad de los actos en los supuestos tipificados por ley, algo no demasiado común ante la OEPM.

Otra cuestión que puede afectar favorablemente a las relaciones entre los administrados con la OEPM, es el interés de la norma por eliminar, en la medida de lo posible, la obligación de aportar documentos originales o bien documentos que ya estén en poder de la Administración. Esta prescripción ya existía en la Ley 30/92, si bien la nueva regulación profundiza y aclara cuestiones relativas a estas materias.

On October 2nd, 2016 the Common Administrative Procedure of the Public Administrations Act 39/2015 has entered into force, repealing the current Law 30/1992 which until now regulated this matter.

This law is particularly relevant for the relations between citizens and the Spanish Patent and Trademark Office as it supplements everything that is not regulated for the administrative procedure by special laws (Trademark, Patent and Design Act and their implementing regulations).

Broadly speaking, it can be established that this law is aimed to the adaptation of the procedural law to the implementation of e-government, which allows a reduction of the terms of the procedure and speed it up. This implies, among other particulars that, although in some cases the ‘double way’ is maintained (i.e. it is possible to submit documents in paper or on-line) electronic filing is mandatory for professional representatives.

This Act is also aimed to encourage the audience and participation of citizens in the development of regulations, making possible the enquiries in advance, and taking all the necessary steps to make the interpretation of the rules predictable.

Further, the new law introduces changes in respect of deadlines to be met, which from now on may also be counted in hours. Further, it is considered that Saturday is not a working day in all the cases (although the latter was already contemplated in our special law).

Administrative silence regulation provides that in proceedings initiated ex parte, the expiry of the deadline without an express decision being issued, can be interpreted in the sense that the petition has been upheld. However, we have to wait to see to which extent and in which way the SPTO is going to implement this provision in its relations with citizens.

Concerning the appeal system, ordinary and extraordinary appeals are maintained, notwithstanding the additional possibility to request the annulment of administrative decisions in the cases provided by law, although annulment is not very usual before SPTO.

Another issue that may favorably affect relations between citizens with the SPTO, are the tools provided to gradually eliminate the obligation to provide original documents or documents that have already been submitted to the Public Administration. This provision already existed in Law 30/1992, although the new regulation goes more into detail about it and clarifies it.

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